Nota.- Con ocasión de la conmemoración del 65º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del 20º Aniversario de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mi gran amigo, José Coloma Marquina, me invitó a dar esta ponencia en el seminario “Reconciliación y Derechos Humanos: una tarea pendiente para la sociedad peruana”, organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial y la Oficina de la Representación del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos. El evento se realizó el 10 de diciembre y compartí mesa con la Dra. Susana Cori Ascona y el Juez Superior Dr. Bonifacio Meneses Gonzales.

1.

En la lógica de los Derechos Humanos, la reconciliación es un concepto asociado con la recuperación de la justicia y la paz en sociedades que han sufrido grados extremos de violencia armada. Una vez cesado el conflicto, se supone que las partes enfrentadas están llamadas a reconciliarse a través de una justicia de transición, con la meta común de una paz duradera.

Pero no es tan fácil como suena. La reconciliación es un concepto ambiguo. Por una parte, puede significar restauración de la conciliación social que existía con anterioridad al conflicto armado; por otra, puede significar reanudación del antagonismo social dentro de los cauces legítimos del estado de derecho. Creo que en el Perú debemos optar por el segundo de estos significados.

En sociedades post-coloniales que han sufrido episodios de violencia extrema, el uso de reconciliación en el primer sentido, que apela a la restauración de una conciliación perdida, puede inducir a engaño. No ha habido entre nosotros una conciliación social previa a la época de la violencia armada. Se podría decir, más bien, que el terrorismo fue la expresión más dramática de esa carencia.

Que se insista en restaurar algo que nunca hubo se explica o por falta de sutileza en el análisis de la sociedad peruana o por el afán de imponer una noción maximalista de la identidad común. No se trata de adaptar un modelo de sociedad, afincado solo en el discurso, a la realidad social de un país tan complejo. Ese proceder me parece contraproducente para la justicia y la paz.

Como creo que ocurriría en cualquier sociedad post-colonial que no se hubiera confrontado pública y abiertamente con su pasado, en el Perú hubo, hay y habrá conflicto social, a veces latente, a veces violento. Sobre esa premisa, lo sensato es usar reconciliación como la reanudación de los esfuerzos por encausar el conflicto dentro de los márgenes de una contienda legítima.

Me parece posible reconciliar a los peruanos si eso significa fomentar una cultura de la legalidad que estabilice el conflicto social dentro del estado de derecho. Eso supone usar una noción minimalista de la identidad común y promover desde el Estado y la sociedad civil un patrón agonístico de generación de orden social. En esto, el Estado debe responder a su papel de regulador.

2.

¿Quiénes somos los peruanos? En atención a lo señalado en el punto anterior, quiero destacar aquí que no conviene responder a esta pregunta mediante algún relato, más o menos consagrado, que explique la peruanidad. Debido a la herencia colonial y a la diversidad cultural de quienes hemos nacido en este país, cualquiera de esos relatos será necesariamente excluyente.

La exclusión ha sido percibida por los estudiosos como el principal obstáculo para los derechos humanos. No es posible vivir una vida digna, en igualdad y libertad, en justicia y paz donde el patrón de regulación de la vida social es patológicamente excluyente. Esa patología la vivimos en el Perú de múltiples formas y es la señal más clara de que nunca hubo conciliación en nuestra sociedad.

¿Quiénes somos los peruanos? Hay una forma sencilla de responder a esa pregunta: quienes tienen la nacionalidad formal, es decir, un DNI. Es desde luego, una respuesta insuficiente, pero como punto de partida es superior a cualquier relato porque es una respuesta incluyente. ¿Qué le falta? Le falta una cultura de pertenencia y apropiación de la nacionalidad que las torne sólidas e incuestionables.

No cabe duda de que la inclusión formal es necesaria. Por eso se ha creado un Concejo de Reparaciones y se le encarga a una Secretaría Técnica la elaboraran de un registro nacional de víctimas. No puede haber justicia de transición sin esa inclusión formal. Pero esta de nada sirve sin la capacidad de debilitar al máximo posible, si no de erradicar los hábitos discriminatorios que socavan la pertenencia y la apropiación de la peruanidad.

La inclusión formal es solo el frente que se antepone a la violencia, y todos sabemos que es una línea de defensa frágil. La tarea pendiente es crear y consolidar una cultura de contienda en la legalidad. En términos generales, la podemos describir como un patrón agonístico de convivencia social conflictiva, pero pacífica. En otras palabras, se trata de aprender a luchar limpio por los intereses propios y por una identidad común.

Se ha repetido siempre que la solución al problema de la violencia, en todos sus grados y facetas, es que el Estado funcione. ¿Pero qué significa eso en la práctica? A mí me parece que, sea lo que sea que eso signifique en el nivel de la macro política, debe involucrar múltiples micro acciones de la sociedad civil en el nivel de los gobiernos municipales, en cantidad suficiente como para saturar el espacio público y alcanzar un punto de inflexión.

3.

Una sociedad post-colonial está transida de injusticias que se expresan en hábitos sociales discriminatorios que son ancestrales. Esos hábitos siguen tocando heridas no sanadas y ahondando resentimientos. En esas condiciones, garantizar la convivencia pacífica dentro del estado de derecho mediante el recurso a la fuerza pública es una tarea imposible. Se incrementará la inseguridad y, en el peor escenario, vendrán más episodios de violencia armada.

Crear justicia supone permitir que las heridas sanen. Para ello me parece indispensable la confrontación abierta y la lucha reivindicativa en términos de equidad y reconocimiento. No se puede seguir callando los conflictos latentes. Es necesario hablar en público acerca del pasado, dar voz y cauce legítimos a los resentimientos, sin miedo, pero con el compromiso de jugar limpio. Yo prefiero hablar de pelear limpio.

Creo que se equivocan de plano quienes, con buena voluntad y sin desconfianzas gratuitas, creen que dar voz pública a las aspiraciones reivindicativas de los peruanos que se sienten excluidos es algo que atenta contra la paz social y debilita las instituciones. De todos modos vamos a pelar entre nosotros, hoy como ayer y como mañana, porque el conflicto social es inevitable hasta en las sociedades más homogéneas.

Pelear limpio es la única garantía de paz social a largo plazo y en esto, el Poder Judicial no está respondiendo adecuadamente. Desde este enfoque, la corrupción estatal aparece como el enemigo principal de los Derechos Humanos en el Perú, es el mayor factor de injusticia y la garantía de que los odios se incrementen y que la paz social no se consolide nunca.

Un Poder Judicial corrupto no puede velar por una cultura de la legalidad porque es, a vista de todos, juez y parte. Una corrupción que todos ven y que muchos creen que no tiene arreglo, se convierte en un barril de pólvora. Las noticias de lo que ocurre ahora mismo en algunas ciudades de Argentina me ayudan a afirmar esto: basta una huelga de la policía para que se encienda la mecha y se saqueen las tiendas.

La posibilidad de la reconciliación, tiene pues, a mi entender, dos condiciones en nuestro país:

1. Que en el corto y mediano plazo, a través de programas de educación ciudadana sostenidos por múltiples micro proyectos municipales de cultura de la legalidad, seamos capaces de crear hábitos de inclusión material, que destierren las argollas en las diversas dinámicas sociales y nos enseñen a confrontarnos legítimamente con nuestras diferencias.

2. Que, como efecto de lo anterior, se fortalezca en el largo plazo la lucha contra la corrupción estatal en el nivel de la macro política, hasta que la corrupción sea vista solo como eventos excepcionales y no como la regla; como delitos de individuos y no como acciones de redes ocultas.

Lima, diciembre de 2013